Los arrestos preventivos y las búsquedas sin justa causa son ahora eventos cotidianos. Harto de vigilar las protestas, la policía sobrecargada prefiere dividirlas y reprimirlas.
El 30 de enero de 2019, hace ya un año, el Consejo de Europa, a través de su Comisionado para los Derechos Humanos, expresó «preocupaciones muy serias» sobre el tipo de lesiones causadas en los manifestantes de Gilets Jaunes (los chalecos amarillos) por las fuerzas policiales francesas. Más tarde, en febrero de 2019, el Parlamento Europeo y la ONU condenaron enérgicamente el uso desproporcionado de la violencia policial en Francia.
Un año después, a los 51 días de protesta contra las medidas neoliberales del gobierno de Emmanuel Macron, involucrando a miembros de casi todas las profesiones (enfermeras, electricistas, abogados, médicos, maestros, profesores e investigadores universitarios, estibadores, trabajadores de alcantarillado, trabajadores de gas). , conductores de trenes, conductores de metro, radiólogos, carteros, inspectores de trabajo, etc.), ¿cuál es el resultado?
Un año después, la imagen es aterradora, a fortiori cuando se trata de una democracia.
Tres muertes: una anciana apuntada a su ventana por una granada; un joven empujado al río Loira y no fue salvado de ahogarse por las fuerzas policiales que asistieron, quienes lo han ocultado durante semanas; y un hombre inmovilizado en el suelo, cuya laringe se rompió y murió por asfixia durante un control de identidad, cuando este método de arresto está prohibido en Los Ángeles y Nueva York y en toda Europa);
— treinta y cinco personas han sido cegadas al recibir disparos con «granadas de flashbang»; [presumiblemente en un ojo]
— las manos de cinco manifestantes han sido arrancadas por granadas explosivas;
— 318 lesiones graves en la cabeza han sido sufridas por manifestantes;
— Se estima que 6,000 personas en total han resultado heridas.
En los últimos dos años, aproximadamente cada seis meses, el Ministerio del Interior ordenó alrededor de 40,000 granadas que se pueden disparar a 472 km / h (armas de guerra de categoría A2), miles de lanzadores de flashball semiautomáticos y de disparo único (prohibidos en todos los países democráticos). , sin embargo, en Francia se dispararon alrededor de 13,000 disparos solo en 2019), lanzadores de gas lacrimógeno y más recientemente 25 millones de balas de rifle de asalto.
En París, se están desplegando vehículos blindados, mientras que cientos de motociclistas policiales, cada uno con un conductor y un pasajero que llevan una porra, se utilizan para «acompañar» a los manifestantes cada semana; con el único propósito de agredir a las personas.
Francia está en guerra. ¡No! El gobierno de Macron está en guerra con sus ciudadanos.
PROVOCACIÓN Y HUMILLACIÓN
Peor aún, en los últimos doce meses, la política del Ministerio del Interior ha cambiado drásticamente. Desde 1968, los prefectos de policía han recibido instrucciones de evitar el contacto directo con los manifestantes y lesionarlos. Defiende pero nunca ataca («golpear a un manifestante en el suelo es golpearse a sí mismo»). La dispersión se hizo a distancia.
En el último año, se alentó el contacto directo y la represión física, tal como lo aplicaron las fuerzas policiales autorreguladoras que llegaron al límite debido a la falta de licencia y horas extras. Cada día trae una nueva escalada en la violencia. Por ley, la policía y la gendarmería tienen el monopolio legal de la violencia siempre que la violencia: (a) esté debidamente autorizada por la jerarquía, (b) esté objetivamente justificada; (c) proporcional al peligro; y (d) de naturaleza defensiva.
El año pasado, el uso de la violencia se aplicó fuera de estos parámetros, es decir, ilegalmente. Se ha aplicado de manera sistemática y masiva desproporcionada y agresiva en estas manifestaciones de una manera que ha sido denunciada por las organizaciones internacionales. Donde se desprecia el estado de derecho, la democracia desaparece.
También se están ideando y utilizando nuevos métodos contra cualquier miembro del público que se una a una manifestación o en huelga: por ejemplo, el uso de drones, sofisticados equipos de video y policías encubiertos que incluso se infiltran en grupos de manifestantes disfrazados en ocasiones como «bloque negro». .
Las detenciones preventivas de personas con, por ejemplo, más de un chaleco amarillo en su automóvil se han convertido en algo común. Las búsquedas sin justa causa son ahora eventos cotidianos. ¡Las humillaciones, los insultos y la provocación por parte de la policía como lo atestiguan los miembros franceses de DIEM25 están a la orden del día!
Ahora te vemos
Han entrado en vigor nuevas leyes que permiten la prohibición de personas de grandes áreas geográficas y durante largos períodos de tiempo para detener las manifestaciones. El nuevo delito de usar pasamontañas durante las manifestaciones se ha implementado, se castiga con penas de prisión de hasta un año y multas de hasta 15,000 €. Mientras tanto, la policía ha ordenado 80,000 pasamontañas para sus propios oficiales para que puedan evitar ser reconocidos por los manifestantes (presumiblemente para proteger la identidad de los policías que aplican violencia indebida contra miembros del público).
¡Bienvenido a la «tierra de los derechos humanos» como Macron una vez nombró a Francia!
Los pedidos de renuncia del Ministro del Interior y del gobierno se han multiplicado durante el año pasado, provenientes de políticos, ciudadanos regulares, oftalmólogos, organizaciones de derechos humanos. Pero el gobierno está aumentando la represión, incluso contra los niños, las personas discapacitadas y las personas mayores. Su jerarquía alienta a las fuerzas policiales a presentar denuncias contra los manifestantes en un esfuerzo por intimidarlos.
El notorio caso de una mujer discapacitada en silla de ruedas en Toulouse acusada por la policía de haber atacado a sus oficiales durante una manifestación muestra cuán lejos ha llegado la situación absurda. La autoridad encargada de investigar la violencia y los crímenes de la policía francesa contra los ciudadanos (IGPN) es parte del Ministerio del Interior. Como era de esperar, la IGPN nunca ha encontrado evidencia suficiente de acción ilegal por parte de ninguna fuerza policial contra sus ciudadanos.
Afortunadamente, cada vez más personas filman las acciones de las fuerzas policiales en Francia y las publican en las redes sociales. Esto está ayudando a luchar contra esta estrategia. En consecuencia, ciertos parlamentarios de LREM, el partido político de Macron, ahora piden una ley que prohíba la filmación de las fuerzas policiales en acción, un delito que podría castigarse con una multa de € 15,000.
El propósito de la estrategia del gobierno es asustar a los ciudadanos de manifestarse. Las imágenes de Gilets Jaunes cegados, tanto jóvenes como ancianos, con calaveras ensangrentadas han producido el efecto escalofriante deseado y muchas personas ahora están demasiado asustadas para asistir a manifestaciones o permitir que sus familiares salgan a las calles.
Pero no familiarizado con el ejercicio del poder, y obviamente sin tener en cuenta la determinación de la población francesa, Macron ha fallado hasta ahora en su estrategia.
Nuevas tácticas
Los franceses han comenzado a adoptar otras formas de protestas: los bailarines de ballet de la Ópera de París han bailado su ira en las escaleras exteriores de la ópera; el coro y la orquesta sinfónica de la radio estatal comenzaron a interpretar inesperadamente el «Coro de esclavos» de Nabucco durante los deseos de año nuevo para sus empleadores; los abogados que protestaron arrojaron sus vestidos negros a los pies del Ministro de Justicia e incluso comenzaron a realizar regularmente hakka al estilo de Nueva Zelanda en público; los maestros han construido paredes de libros de texto escolares que bloquean la entrada de las oficinas locales de los parlamentarios de LREM; y hacia fines de enero, ciudadanos de ciudades y pueblos franceses organizaron procesiones con antorchas para que las fuerzas policiales no pudieran identificar a quién y dónde disparar.
Bajo presión, acorralado y preocupado por su reputación por delante de Davos, Macron indicó que la estrategia que actualmente emplea la policía tendrá que ser modificada por el Ministro del Interior. Después de esto, el ministro inmediatamente culpó a sus prefectos de policía (en particular al celoso prefecto de policía de París, quien fue nombrado por este mismo Ministro del Interior después de que su predecesor se hubiera negado a utilizar lanzadores de flashball).
¿Tendrá esto alguna consecuencia en nuestra vida diaria?
La democracia es frágil. A veces, este es el caso sorprendentemente más cerca de casa de lo que nuestros europeos creen.