La República Popular de China reafirmó su posición de apoyo al diálogo político para resolver las diferencias políticas en la República Bolivariana de Venezuela, en consonancia con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las normas fundamentales de las relaciones internacionales.
«Abogamos que se resuelvan las divergencias mediante consultas, de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de la ONU y perseverar en resolver el asunto venezolano mediante el diálogo y las consultas», expresó el portavoz de la cancillería de la República Popular de China, Geng Shuang, cuyas declaraciones están reseñadas en el Twitter de la embajada de Venezuela en la nación asiática.
Indicó que la cooperación entre la República Popular de China y la República Bolivariana de Venezuela se lleva a cabo siempre de acuerdo con los principios de igualdad, beneficio mutuo, cooperación de ganancia compartida y comercialización, «es legítima, conforme a la ley, beneficia al país y pueblo», reafirmó.
«Esperamos que la parte norteamericana enfrente la realidad, deje de abusar de las sanciones y otros medios coercitivos y trabaje junto con todas las partes para encontrar una solución política al asunto venezolano», remarcó.
En este sentido, Geng Shuang se pronunció en rechazo a las medidas coercitivas, unilaterales y arbitrarias del gobierno de Estados Unidos contra la empresa rusa Rosneft, filial del consorcio energético Rosneft, por sus vínculos comerciales con Venezuela.
«Los intercambios entre Estados deben observar el Derecho Internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales. Nos oponemos a la injerencia en los asuntos internos de otros países y siempre nos oponemos a las sanciones unilaterales y a la llamada ‘jurisdicción de brazo largo’», aseveró.
Frente a la medida coercitiva e ilegal impuesta contra la filial rusa, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció que tal acción es una medida de presión para deponer al presidente constitucional, Nicolás Maduro, y además constituye un crimen de lesa humanidad contra el pueblo venezolano.