Los tribunales chilenos han indicado otra razón válida sobre la importancia de mantener las protestas organizadas en todo el país para eliminar las políticas neoliberales de la era de la dictadura. La apelación para detener el proyecto Pascua Lama del gigante minero canadiense Barrick Gold ha sido rechazada por la Corte Suprema de Chile, a pesar de las objeciones debido a la contaminación del agua y el daño al medio ambiente y las comunidades indígenas en el Valle de Huasco.
Esta decisión es contraria a la orden judicial ambiental emitida en 2018 para cerrar permanentemente el sitio minero Pascua Lama en la frontera con Chile. Desde 2013, Barrick Gold suspendió su proyecto de minería de oro y plata cuando las comunidades indígenas se movilizaron para proteger su medio ambiente y sustento. En enero de 2019, el gigante minero recibió una multa de $ 11.5 millones. A principios de 2013, Barrick Gold también fue multado con más de $ 16 millones por delitos ambientales, incluida la contaminación del agua.
Con este último fallo judicial, el proyecto minero Pascua Lama, que busca extraer oro, plata y cobre durante un período de 17 años, está listo para continuar. Activistas ambientales y comunidades indígenas que dependen del agua de los glaciares para riego han protestado persistentemente por el proyecto, que dañará los glaciares debido a los depósitos de oro, plata y cobre que se encuentran debajo del hielo. En 2006, Barrick Gold propuso mover el hielo glaciar de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza para facilitar su explotación de los recursos de la región.
Las comunidades indígenas no están renunciando a su lucha. Con los grandes proyectos planificados para el Valle del Huasco, el área se está convirtiendo en una zona de sacrificio, debido al impacto ambiental y de salud que los proyectos mineros tendrán en la población. Quintero es otra ciudad oficialmente conocida como zona de sacrificio debido a la contaminación industrial del área que ha resultado en riesgos para la salud y el medio ambiente para los lugareños.
No sin razón, la comunidad fue cautelosa sobre la decisión de enero de 2018 de cerrar definitivamente el proyecto Pascua Lama. Chile es conocido como un país favorable a los inversores cuando se trata de empresas multinacionales, en detrimento de las poblaciones indígenas cuyo sustento depende de la agricultura. Desde la década de 1990, que coincidió con la caída del dictador Augusto Pinochet y la transición chilena a la democracia, las compañías mineras participaron en la política chilena al apoyar a los gobiernos de la Concertación. A cambio de ese apoyo, los gobiernos posteriores de la dictadura hicieron concesiones a las compañías mineras extranjeras que allanaron el camino para la explotación de los recursos naturales en el país.
La situación de Pascua Lama no es la única controversia en Chile, aunque es la más destacada debido a la movilización en curso y las decisiones judiciales. En 2018, Augusto Pinochet Hiriart, hijo del ex dictador Pinochet, solicitó un permiso de minería para un área de 65 hectáreas en Quilpué, la región de Valparaíso, para extraer cobre, oro, plata y otros minerales. El alcalde de Quilpue se opuso a la solicitud y solicitó al tribunal municipal que tuviera en cuenta la ética, dados los problemas que enfrenta la región con la sequía y los altos niveles de contaminación.
Desde que comenzaron las protestas en Chile, la minería se ha visto afectada negativamente a medida que los trabajadores se declararon en huelga y se unieron a la movilización a nivel nacional. Los analistas han atribuido un posible aumento del desempleo a las protestas, en lugar de la negativa de los gobiernos chilenos, desde la transición a la democracia, de crear las condiciones para la justicia social.
El llamado a la justicia del pueblo chileno recuerda el manifiesto de Unidad Popular, en el que el presidente izquierdista Salvador Allende había prometido que el partido «establecería su fuerza y autoridad en el apoyo brindado por el pueblo organizado».
En Pascua Lama, la lucha de las comunidades indígenas por su supervivencia no debe pasarse por alto, sino que debe mencionarse para fortalecer las narrativas de protesta que han catapultado a Chile a la posibilidad de alterar sus horizontes políticos.