Las instituciones del Estado en Honduras que ofrecen servicios o productos a consumidores están por desaparecer o ser privatizadas.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha sido intervenida por orden del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández. Esto debido a su alto reporte de pérdidas técnicas y no técnicas. Es decir hurto de energía, falta de pago de clientes y contratos onerosos con generadores térmicos.
Las instituciones del Estado que generaban algún tipo de rentabilidad al Gobierno y eran competencia para la empresa privada, han sido destruidas por la corrupción y desfalco por parte de los funcionarios públicos.
La empresa de telecomunicaciones Hondutel es otra destinada a desaparecer, debido a las redes de corrupción. La práctica de la privatización de los servicios es una imposición de los recientes acuerdos entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las estatales como la empresa nacional de energía eléctrica son las empresas que sufren el mayor impacto de la corrupción y el desvío de fondos.
La lucha contra la corrupción del Gobierno de Hernández se ha mantenido desde que se conociera el desfalco al seguro social. Luego de ese desfalco la seguridad pública prácticamente no existe en Honduras.
Hernández si no decide cerrar, liquidar o privatizar una empresa; la convierte en un nido de clientelismo político.