El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a la Corte Penal Internacional de presunto antisemitismo después de que su fiscal principal dijo que la corte con sede en La Haya lanzará una investigación de crímenes de guerra en los territorios palestinos.
«Se están emitiendo nuevos edictos contra el pueblo judío: edictos antisemitas de la Corte Penal Internacional que nos dicen que … estamos cometiendo un crimen de guerra», dijo el domingo.
«Puro antisemitismo», agregó Netanyahu.
Su furiosa respuesta se produjo después de que la CPI dijo el viernes que lanzaría una investigación completa sobre crímenes de guerra en los territorios palestinos tan pronto como se haya establecido la jurisdicción de la corte.
El fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, expresó su satisfacción con una «base razonable» para investigar la situación en Palestina.
Los comentarios de Netanyahu se centraron en un escenario en el que las actividades de asentamiento israelíes en la Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental al-Quds podrían ser vistas por la CPI como crímenes de guerra.
La investigación se centra en los asentamientos ilegales de Israel, la Guerra de Gaza de 2014, así como la represión sangrienta en las protestas de marzo de retorno de Gaza que comenzaron en marzo de 2018.
En los últimos meses, Israel ha intensificado su expansión de asentamientos en las tierras ocupadas, desafiando la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Alrededor de 600,000 israelíes viven en más de 230 asentamientos construidos ilegalmente desde la ocupación de las tierras palestinas en 1967.
Los fiscales de la CPI han dicho que una investigación preliminar sobre Cisjordania se centró en «las actividades relacionadas con los asentamientos que las autoridades israelíes informaron».
Una misión de investigación de la ONU dijo en marzo que las fuerzas israelíes cometieron violaciones de derechos durante su represión contra los manifestantes palestinos en la Franja de Gaza el año pasado que podrían equivaler a «crímenes de guerra».
Gaza, con una población de más de 1,8 millones, ha estado sitiada por el régimen israelí desde junio de 2007. El bloqueo ha provocado una disminución de los niveles de vida, así como niveles sin precedentes de desempleo y una pobreza implacable.
Israel, que no es parte en el Estatuto de Roma de la CPI, ya ha dicho que la corte internacional no tiene autoridad para escuchar las acusaciones de Palestina ya que «no es un país», y porque el llamado sistema judicial de Israel es independiente y puede por sí mismo examinar las acusaciones de crímenes de guerra.