Más de 22 mil 200 alumnos matriculados en la educación especial en Bolivia podrían ser afectados con la derogación de la Ley Avelino Siñani, que hasta hoy garantiza la inclusión en ese sector.
La ministra de Educación, Virginia Patty, designada por la autoproclamada presidenta golpista Jeanine Áñez, instó el 20 de diciembre pasado a derogar o abrogar la normativa promulgada en 2010 por el expresidente Evo Morales y que constituyó un salto cualitativo en el país suramericano.
Según fuentes oficiales, en 2002 se registraban cerca de cuatro mil 200 alumnos y se incrementó a 22 mil 251 hasta 2018 debido a los procesos educativos implementados para personas con discapacidad visual, auditiva, física, intelectual, múltiple y psíquica.
El entonces titular del sector, Roberto Aguilar, declaró en agosto pasado que antes del gobierno del líder aymara (2006) la educación especial no era considerada como una obligación del Estado y era desarrollada solo por fundaciones, iglesias o asociaciones formadas por padres de familia.
Aguilar destacó que, con la puesta en vigor de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez para una enseñanza universal, gratuita y sin discriminación, la modalidad de especial se incorporó como ‘parte estructural del sistema educativo’ en el país.
La normativa establece que la educación es obligatoria hasta el bachillerato y plantea educar en igualdad de condiciones, respetar la diversidad cultural y lingüística y fortalecer la identidad.
También propone un currículo base para todos los estudiantes y otro regional que tomará en cuenta características geográficas y culturales de cada departamento.
A pesar de ser muy criticada por la Iglesia Católica en su momento de debate y construcción participativa, estableció como novedad una materia común de religiones, espiritualidad, ética y valores, al tiempo que se respeta que una escuela enseñe además, una fe religiosa particular
Centros de Educación Especial asumen actualmente la atención en la modalidad directa con la incorporación de los niños, jóvenes y adultos con alguna discapacidad, mientras que la indirecta corresponde a un acuerdo entre esas instituciones y unidades educativas regulares para acoger a esos estudiantes en sus actividades.
Asimismo, las Escuelas Superiores de Formación de Maestros incorporan a personas con discapacidad y varias han recibido sus títulos en las mismas condiciones que el resto de los estudiantes.