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La orden de detención de Evo Morales fue orientada por Estados Unidos, según denunciaron el Movimiento al Socialismo (MAS) y organizaciones sociales, integrantes del Pacto de Unidad, en medio de una persistente ola represiva.
‘La orden de tomar prisionero nuestro hermano Evo ha sido orquestada desde del Departamento de Estado norteamericano, porque el golpe de Estado es también un golpe de apropiarse de litio y otros recursos naturales’, señala un comunicado del bloque social.
El pronunciamiento condena la orden dictada por el gobierno surgido del golpe de Estado que en noviembre pasado obligó a renunciar a Evo Morales, a quien reconoce como ‘único líder histórico de la democracia y la revolución democrática y cultural’.
Señala que Washington y la derecha local pretenden desaparecer el liderazgo de Morales, a lo que responde la orden que pretende descuartizarlo judicialmente, a él y al pueblo boliviano, como hicieron los españoles con la atroz ejecución del líder rebelde nativo Túpac Katari, en el siglo XVIII, y la heroína Bartolina Sisa.
La orden de detención dictada esta semana tras una declaración de Morales en Argentina, señalando que puede volver en cualquier momento a Bolivia, se basa en una investigación por los delitos de terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo, abierta por la fiscalía bajo notoria presión del régimen golpista.
La acusación se basa en una grabación en la que una voz similar a la del líder indígena orienta a un dirigente de los cultivadores de hoja de coca sobre acciones de resistencia social al golpe de Estado.
En la presentación del documento, Segundina Flores, dirigente de la Federación de Mujeres ‘Bartolina Sisa’, advirtió que las organizaciones sociales han asumido la defensa de Morales, a quien reconocen como presidente, porque su renuncia no fue aprobada por el Parlamento, como corresponde constitucionalmente.
Entretanto, las operaciones represivas que el ministro del Interior del gobierno golpista, Arturo Murillo, llamó ‘cacería’, continuaron tras el allanamiento de la casa del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, un intelectual y exmilitar que tiene también orden de captura.
A ello se sumó la detención de Luis Hernán Soliz, señalado como asistente de Morales, cuando se presentó a la Policía, que también lo acusa de terrorismo y sedición.
Además, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, anunció represalias contra los militares constitucionalistas que se sumaron al proceso de cambio e inclusión encabezado por Morales.