Se espera que sea el miércoles próximo cuando esa instancia del Congreso someta a consideración las imputaciones, y dada la superioridad de la fuerza azul en ese espacio, es casi segura la aprobación de cada una de ellas.

Los cargos contra el presidente son resultado de la investigación de juicio político lanzada a finales de septiembre por la fuerza azul, la cual se centró en los llamados de Trump a que Ucrania abriera una pesquisa sobre las elecciones norteamericanas de 2016 y otra sobre el ex vicemandatario y precandidato presidencial demócrata Joe Biden.

Según la primera de las acusaciones, mediante el uso de los poderes de su alto cargo, el gobernante solicitó la interferencia de un gobierno extranjero en las elecciones presidenciales de 2020.

Ese apartado también señaló que el presidente condicionó la entrega de 391 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania, y un posible encuentro en la Casa Blanca con su homólogo de esa nación, Volodymyr Zelensky, a que Kiev anunciara públicamente las indagaciones demandadas por Washington.

Asimismo, en el artículo sobre la obstrucción del Congreso se indica que varios comités presentaron citaciones para solicitar documentos y testimonios, pero que Trump ordenó al ejecutivo no cumplir con ellas.

Los miembros de la fuerza azul consideran haber reunido evidencia contundente de que el jefe de la Casa Blanca incurrió en crímenes que merecen su destitución del cargo, tanto a partir de documentos como del testimonio de funcionarios de la propia administración que testificaron ante paneles del Capitolio.

Incluso, los demócratas llevaron como testigos a una audiencia del Comité Judicial a tres expertos legales que coincidieron en que el jefe de Estado abusó del poder de su oficina en sus tratos con Kiev, y en que lo sucedido sí demanda un procedimiento como el que tiene lugar en el Congreso.

Pero ninguna de las revelaciones de los últimos dos meses han sido suficientes para que algún legislador republicano apoye públicamente el proceso contra Trump, lo cual hace que la investigación y el casi inevitable juicio político que tendrá lugar en el Senado sean completamente partidistas.

De acuerdo con varias fuentes, eso resta mérito y fuerza a los esfuerzos demócratas por buscar la destitución del gobernante, sobre todo cuando el desenlace prácticamente seguro de estas acciones es que Trump será absuelto por la Cámara Alta controlada por su propio partido político.

Para justificar la defensa del mandatario, los republicanos sostienen que sus rivales políticos carecen de pruebas para sustentar las acusaciones, mientras el presidente vuelve a acusar a los miembros del partido azul de emprender una cacería de brujas en su contra.

La decisión de avanzar con todo este proceso resulta un movimiento tremendamente arriesgado para los demócratas, más aún cuando el juicio político contra Trump debe tener lugar en enero, al inicio de un año en el que el mandatario buscará su reelección.

Pero los legisladores de la formación azul argumentan que este procedimiento es un deber constitucional y moral, que podría persuadir a mandatarios futuros de involucrarse en conductas similares a las de Trump.

De cualquier modo, este tema se mantiene en el centro de la atención mediática del país y empaña asuntos que, en otras condiciones, podrían ser victorias significativas para Trump, como los avances alcanzados en los últimos días en el acuerdo comercial con México y Canadá; y en un pacto en esa misma área con China.