Una nueva huelga general con miles de manifestantes en las calles y la persistencia del presidente Sebastián Piñera para impulsar una ‘agenda de seguridad’ marcaron la semana en Chile.
Un paro escalonado desde el lunes y una huelga general el martes sobresalieron en las manifestaciones del movimiento social con la paralización de actividades en varios sectores y decenas de miles de manifestantes en las calles a todo lo largo del país.
Estas demostraciones fueron calificadas de exitosas por la Mesa de Unidad Social que concentra a unas 120 organizaciones, y a juicio de Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, sobresalió por las demostraciones pacíficas, a contrapelo de quienes pretenden identificar al movimiento social con los violentistas.
Añadió que las manifestaciones no fueron solo masivas, sino que pusieron en el centro de atención las demandas principales de la población, que es lo que tiene que atender el gobierno y que no han recibido respuesta tras más de cinco semanas de protestas.
Pero desde el gobierno, más que escuchar la voz popular, el presidente Sebastián Piñera insistió en el impulso a una denominada agenda de seguridad y entregó al Congreso, con carácter urgente, un proyecto de ley para que las fuerzas armadas intervengan en la protección de la infraestructura del país.
El mandatario explicó que con esa medida el ejército protegería las instalaciones de generación de electricidad, suministro de agua, telecomunicaciones, hospitales, puertos y aeropuertos que, según dijo, en las últimas semanas han sufrido graves ataques que han puesto en peligro su funcionamiento.
Con ello, el controvertido proyecto rechazado por amplios sectores desde que el mandatario lo anunció el lunes-, permitiría que una cantidad importante de carabineros se dediquen al control del orden público en las calles.
Esto se sumó a otros proyecto presentados anteriormente, para fortalecer a Carabineros, proteger a los policías, y contra los encapuchados, los saqueos y quienes levantan barricadas.
En medio del despliegue para reforzar el aparato policial, el gobierno debió reconocer a regañadientes las violaciones de derechos humanos y delitos cometidos por las fuerzas de carabineros, luego de innumerables denuncias de organizaciones nacionales y extranjeras.
Prueba de tales desmanes fueron las noticias de la pérdida total de la visión del joven universitario Gustavo Gatica y de la trabajadora Fabiola Campillai tras recibir directamente en el rostro los impactos de perdigones él, y ella el de una bomba lacrimógena, a pesar de no estar participando en manifestación alguna.
Otro hecho que sobresalió en el panorama político fue la aprobación por la Cámara de diputados de una acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick.
El ex titular, primo del presidente Sebastián Piñera, es señalado por partidos de oposición, personalidades y amplios sectores de la población como responsable de la violenta represión y violaciones de los derechos humanos por efectivos del ejército y la policía tras el estallido social del 18 de octubre último.
De prosperar la acusación, que el Senado deberá analizar la próxima semana, Chadwick no podrá ser destituido, puesto que ya no es ministro, pero quedaría inhabilitado para ocupar cargos públicos durante cinco años.