El 14 de noviembre se cumple un año desde que una unidad especial chilena conocida como el Comando Jungla disparó 23 tiros contra el joven y activista mapuche Camilo Catrillanca mientras conducía un tractor en su propia tierra. Formados por los EE. UU. Y Colombia, el Comando Jungla es un escuadrón antiterrorista desplegado en la región de la Araucanía, en un movimiento que se ajusta a los planes del presidente chileno, Sebastián Piñera, de militarizar el área y evitar que los mapuche se movilicen contra el despojo en curso de sus tierras. .
El mes pasado, el presidente chileno, Sebastián Piñera, describió el asesinato como «un abuso de poder». Ha pasado un año desde el asesinato y la familia de Catrillanca sigue buscando justicia en los tribunales chilenos. El último impedimento para la justicia es el nombramiento del juez a cargo del caso de Catrillanca, Francesco Boero Villagran, quien representó los intereses de la empresa Forestal Mininco en sus procesos judiciales contra otras personas mapuche. La compañía ha invadido tierras de importancia cultural y espiritual para los mapuche. A principios de este mes, el gobierno invocó las leyes antiterroristas contra el pueblo mapuche en Temuco, por sus acciones de sabotaje de resistencia contra la empresa.
Los gobiernos chilenos y su protección de las desigualdades sociales crearon la marginación del pueblo mapuche del resto de la población. Sin embargo, las protestas actuales que piden la renuncia de Piñera y la redacción de una nueva constitución para reemplazar el legado dictatorial de Augusto Pinochet han hecho añicos la ilusión prevaleciente de que las luchas de los mapuche y el pueblo chileno son cuestiones completamente separadas.
Desde el inicio de las protestas en octubre pasado, el pueblo mapuche ha protestado junto a los chilenos, y la bandera mapuche ha sido prominente en las manifestaciones. La violencia militar permitida por el gobierno chileno ha atacado a chilenos y mapuches por igual, y el alcance de las violaciones de derechos humanos cometidas se ha convertido en una referencia a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la era de la dictadura.
A la luz de los desarrollos actuales, especialmente la unidad entre el pueblo chileno y los mapuche, es importante señalar la importancia de la lucha mapuche contra la violencia y la explotación neoliberal. De hecho, su larga historia de resistencia ha llevado al derrumbe de monumentos coloniales en Chile que, hasta las protestas, simbolizaron la glorificación de la conquista colonial anterior, mientras que los crímenes históricos cometidos contra la población indígena se normalizaron bajo eufemismos como «pacificación». «En lugar de genocidio.
La reafirmación de la lucha anticolonial contra el borrado de la historia mapuche, que no fue cuestionada por los gobiernos chilenos en la transición democrática, es un punto de partida para este momento en la política chilena, donde el pueblo está pidiendo una nueva constitución. La unidad exhibida por el pueblo chileno y las comunidades indígenas en Chile debe respetarse reconociendo a Chile como un estado plurinacional. Debe recordarse que el colonialismo que devastó a Chile fue el comienzo de un proceso que culminó con el experimento neoliberal impuesto por Pinochet sobre los chilenos y que los gobiernos posteriores no han podido desafiar.
Además, si bien la violencia que se inflige a los manifestantes en realidad suscita reflexiones sobre las tácticas de la dictadura, también refleja cómo la resistencia mapuche es criminalizada habitualmente. En el momento en que los chilenos se movilizaron contra el gobierno, su protesta legítima fue un objetivo para las instituciones estatales. En los últimos días de octubre, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile, 3.535 chilenos fueron detenidos, 1.132 heridos, 43 menores fueron maltratados, 5 muertos y 19 declaraciones de tortura sexual registradas.
El status quo social y político de Chile ha sido alterado. La semana pasada, Piñera, quien enfrenta acusaciones constitucionales con respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército y la policía, declaró que estaba abierto a discutir una reforma constitucional. Sin embargo, esta semana Piñera anunció que se estaban llevando a cabo discusiones para avanzar en una nueva constitución. Queda por ver si las demandas de la gente se cumplirán.
Estas demandas deben basarse en la reciprocidad de apoyo político que los chilenos y los mapuche han compartido desde que comenzaron las protestas. Hablando en el aniversario del asesinato de su hijo, Marcel Catrillanca afirmó el apoyo mapuche al pueblo chileno: «Nosotros, los mapuche, hemos apoyado muchas manifestaciones y seguiremos apoyando al pueblo chileno». A la luz de esta evidente unidad, es imperativo que la justicia para Catrillanca no se represente únicamente como un problema mapuche, sino que afecta a toda la nación chilena.