Tras la admisión de la demanda, se llamó a declarar al ministro del Interior, Andrés Chadwick, al general director de Carabineros, Mario Rozas y al general de Ejército Javier Iturriaga.
El 7º Juzgado de Garantía de Santiago de Chile declaró admisible este miércoles una querella interpuesta contra el presidente Sebastián Piñera por el delito de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de las masivas protestas ciudadanas de las últimas semanas.
La acción legal fue presentada el pasado lunes por representantes de la Defensoría Popular, del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y de la Cooperativa Jurídica, representando un total de 16 abogados.
De esta manera, el organismo judicial pidió que acudieran a declarar el ministro del Interior, Andrés Chadwick, el general director de Carabineros, Mario Rozas y el general de Ejército Javier Iturriaga.
Según los juristas, la querella contra el mandatario “tiene por objeto que se investigue la participación criminal del presidente Piñera como autor del delito de Lesa Humanidad, el que se encuentra acreditado a través de las graves violaciones a los DD.HH., enmarcadas en un ataque sistemático y generalizado contra la población civil que ha salido a las calles durante estas dos últimas semanas“.
La acción judicial sostuvo que, desde el 19 de octubre, las Fuerzas Armadas y policías habrían cometido, al menos, nueve tipos de delitos entre los que se mencionan homicidios, torturas y apremios ilegítimos, abusos sexuales, violaciones, detenciones ilegales y destrucción de globo ocular de más de 150 personas.
En ese sentido, se agrega que dichas violaciones “han sido constatadas por diversos organismos nacionales e internacionales, abogadas y abogados de DD.HH., quienes han denunciado la enorme cantidad de delitos en contra de niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y en general en contra de toda la población que ha ejercido su legítimo derecho a manifestarse”.
Al respecto, los juristas sostienen que tanto Piñera como las diferentes autoridades policiales y militares, «lejos de controlar y condenar el alto número de atentados a la población civil, han declarado públicamente su respaldo y felicitado el actuar de las fuerzas militares, y de orden y seguridad en los medios de comunicación nacionales”.