Por Multitudinarias manifestaciones diarias, represión policial, cabildos populares, un nuevo gabinete y tratativas del gobierno con partidos políticos dibujaron otra semana de rebelión contra el neoliberalismo en Chile.
El lunes, presionado por la fuerte crisis social y política, el presidente Sebastián Piñera realizó cambios en su gabinete, en los que sobresalió la salida del ministro del Interior, Andrés Chadwick, muy rechazado por la violenta represión a las protestas sociales que estallaron el 18 de octubre.
En su lugar, Piñera nombró al joven Gonzalo Blumel, que en contraste con Chadwick es considerado por analistas un político más inclinado a buscar el diálogo y el consenso.
Pero para las mayorías, el cambio del denominado núcleo duro por figuras menos desagradables solo fue más de lo mismo y la respuesta fue un recrudecimiento de la protesta social.
Santiago, Valparaíso, Concepción, Punta Arenas, Valdivia, Temuco y otras muchas ciudades han sido escenario de cientos de miles de personas en las calles, mientras que como parte de la movilización popular también han cobrado fuerza los cabildos populares auto convocados.
Según estimaciones de la Mesa de Unidad Social, que integran casi un centenar de organizaciones de todo tipo, más de 10 mil personas han participado en los más de 300 cabildos realizados esta semana a todo lo largo del país.
En cabildos y manifestaciones los reclamos son los mismos, la creación de una Asamblea Constituyente que dé paso a una nueva Constitución, la nacionalización de servicios básicos como el agua y la electricidad y de recursos como el litio, en manos de empresas extranjeras y nacionales.
Igualmente las demandas se enfocan a la necesidad de sistemas de salud pública y de educación gratuitos y de calidad, un sistema de impuestos en el cual los más ricos tengan que pagar más, y aumentos de salarios y pensiones, entre otras muchas.
El gobierno ha respondido a la revuelta con una represión descontrolada de militares y carabineros y según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), hasta el 30 de octubre había tres mil 712 detenidos y mil 233 heridos, así como 23 fallecidos.
De los heridos remitidos a centros hospitalarios, 343 recibieron disparos de perdigones de las fuerzas policiales y 26 resultaron lesionadas con balines de goma, entre ellas un observador del INDH que sufrió siete impactos en su cuerpo.
Esto fue denunciado por Sergio Micco, presidente del INDH, quien advirtió que los disparos de balines fueron realizados a mansalva por los carabineros en medio de una manifestación pacífica en la Alameda, en Santiago, capital del país.
Según Micco, ya se han presentado más demandas judiciales que en todo el 2018 y puntualizó que lo que está ocurriendo en Chile en materia de violaciones de derechos humanos es observado con preocupación con organismos especializados en estas materias.
Como evidencia de la profundidad de la crisis, el presidente Sebastián Piñera se vio obligado a suspender la realización en Chile de las cumbres del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) y de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25), que estaban previstas para noviembre y diciembre.
En tanto, La Moneda pretende resolver la situación mediante el cabildeo y medidas consideradas como parches, para lo cual ministro Blumel se reunió con una parte de los líderes de oposición aunque los partidos Comunista, Humanista y Progresista, entre otros, decidieron autoexcluirse
Blumel calificó la reunión como positiva, pero por el contrario, quienes asistieron la consideraron insuficiente, porque a su juicio el gobierno no acaba de entender lo que ocurre en el país, pues la calle no reclama maquillajes para el modelo neoliberal, sino su trasformación total en otro verdaderamente equitativo y participativo.