La injerencia de EE.UU. en las elecciones generales de Bolivia no ha cesado desde que el TCP aprobó un recurso que posibilitó la reelección del presidente por cuarta vez.
La postura de Estados Unidos hacia los países con Gobiernos progresistas en América Latina y el Caribe se mantiene invariable. A cinco días de celebrarse las elecciones generales en Bolivia, el presidente Evo Morales denunció la injerencia de la nación norteamericana que intenta torcer la voluntad popular e impedir su reelección.
“La semana pasada yo convoqué al encargado de negocios de la Embajada de EE.UU., demostré con documentos cómo este carro de la Embajada de EE.UU. va a Yungas a ofrecer empedrados, asfaltados, siempre y cuando que no apoyen al Evo», alegó el mandatario en una entrevista en el programa “Detrás de la verdad” transmitida el lunes 14 de octubre.
Morales contó que Bruce Williamson, el funcionario estadounidense en suelo boliviano, se mostró sorprendido por la queja que recibió y se “comprometió” a no interferir en la jornada comicial. Sin embargo, el mandatario boliviano no quedó conforme con su reacción: “él creo que sabe y me ha comprometido que no se va a meter en temas electorales, ojalá no lo esté haciendo».
También sobre la injerencia de Estados Unidos se ha referido el ministro boliviano de Presidencia, Juan Ramón Quintana, el pasado miércoles 16 de octubre.
“No hay un día en el que no esté presente la injerencia de la embajada de Estados Unidos en la política nacional”, dijo el funcionario durante una entrevista concedida al canal gubernamental Bolivia TV.
Quintana asegura que Washington ha interferido en los procesos electorales en Bolivia durante 50 años, pero ahora “la injerencia yanqui está más presente que nunca”.
La postura de la nación norteamericana ha sido expuesta abiertamente por el Departamento de Estado, que llama la atención por las supuestas “amenazas contra los jueces del Tribunal Supremo Electoral” las cuales, asegura, “no son propicias para crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones libres y justas en 2019”.
La injerencia de Estados Unidos en los asuntos de Bolivia no ha cesado tampoco desde que en noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aprobó un recurso que posibilitó la reelección del presidente por cuarta vez.
Incluso, el senado estadounidense aprobó en abril una resolución que “pide” al Gobierno boliviano respetar “sus propios límites constitucionales en los mandatos presidenciales”, así como restablecer “la independencia de los órganos electorales y gubernamentales clave”.
Al respecto, el mandatario boliviano asegura tener pruebas de que algunos dirigentes cívicos y exmilitares preparan acciones violentas en caso de ser reelegido.
Durante un acto de campaña en Potosí, Morales advirtió sobre este asunto: “¿Algunos grupos qué están diciendo? Si gana Evo vamos a desconocer, si gana Evo ya tienen planificado —quiero que sepan— hacer un golpe de Estado. Después hablan de democracia, después nos acusan de dictadura, ahí están los grupos golpistas».
De hecho, uno de los dirigentes derechistas que alienta esta posición es el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien se refugió en Estados Unidos, luego de haber sido procesado por la masacre conocida como Octubre Negro, que dejó 67 muertos y 400 heridos en la ciudad El Alto en 2003.
La nación norteamericana ha advertido que “en los últimos años”, la relación bilateral con Bolivia “se ha visto afectada por las decisiones” del mandatario.
Entre estas decisiones que cuestiona está la expulsión en mayo de 2013 de la expulsión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la del propio embajador estadounidense.
Para Estados Unidos resulta incómoda la gestión de Morales, que ha reiterado desde que llegó al poder que su nación es soberana, independiente y que no se someterá a los chantajes de la Casa Blanca.