Un nuevo proceso abierto al fiscal anticorrupción José Pérez, parece confirmar su reiterada denuncia de que sus indagaciones a importantes políticos peruanos enfrentan maniobras para obstaculizarlas y para silenciarlo.
‘Se está buscando, en primer lugar, callarme y que no denuncie los actos de intromisión de los intereses corruptos en la Fiscalía ni los actos de obstaculización en las investigaciones para que estas fracasen’, declaró Pérez al diario El Comercio.
Comentó así el inicio del citado proceso en el Ministerio Público, motivado por una supuesta infracción administrativa consistente en hacer ‘declaraciones de contenido político, que deberían ser ajenas y extrañas a la función fiscal’.
Pérez tiene a su cargo investigaciones a figuras políticas y empresariales como Keiko Fujimori, jefa del principal partido neoliberal opositor, Fuerza Popular (FP), por presunto lavado de activos, y el expresidente conservador Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció al cargo por acusaciones de corrupción.
Como parte de su labor, criticó en una entrevista televisiva, la protección que FP brinda a uno de los fiscales supremos, Pedro Chávarry, quien abogó públicamente por Fujimori y es acusado de favorecerla.
Chávarry recibe a su vez el respaldo de FP en un proceso parlamentario pendiente por sus nexos con el jefe de una red judicial de corrupción, César Hinostroza, exjuez de la Corte Suprema prófugo en España y en libertad condicional mientras se tramita un pedido peruano para su extradición.
El fiscal Pérez dijo de otro lado que el proceso en su contra de un nuevo acto de hostigamiento contra fiscales anticorrupción, de ‘la mayoría de fiscales supremos que controla la Junta de Fiscales del Ministerio Público, vinculados a la presunta organización criminal de Los Cuellos Blancos’.
El proceso a Pérez, que durará 60 días sin afectar sus funciones, fue dispuesto por el jefe de Control Interno del Ministerio Público, Luis Germaná, quien en agosto de 2018, inició un procedimiento similar contra el mismo fiscal.
Entonces el motivo fue que declaró que Chavarry no era idóneo para ser fiscal de la Nación, para el que había sido nominado, pero la indagación fue desestimada al considerarse que Pérez ejerció su derecho de opinión.
Meses después Chávarry renunció ante el fracaso de su intento de reemplazar a Pérez y al coordinador de los fiscales que investigan la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, pero volvió a ser uno de los fiscales supremos.
Pérez fue objeto en abril pasado de otro proceso, también fracasado, por una supuesta infracción cometida al encabezar la operación de captura del expresidente neoliberal Alan García, quien se suicidó para evitar su detención por posible lavado de dinero recibido de Odebrecht.