El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, calificó hoy de incoherente y contradictoria la actitud de la oposición que realiza maniobras dentro y fuera de Bolivia para impedir las elecciones generales de octubre. .
‘La oposición no quiere elecciones, no quiere que el pueblo defina, decida democráticamente’, aseguró el titular del órgano legislativo en el espacio de televisión Polémica, en el cual compareció junto al diputado suplente de la opositora Unidad Demócrata Amílcar Barral y el abogado constitucionalista Iván Lima.
Borda advirtió que una prueba de esa actitud antidemocrática es la exigencia de candidatos de la oposición y de los presidentes de ocho comités cívicos de que los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) renuncien.
Tal demanda, emitida el 24 de mayo tras una reunión en el departamento de Santa Cruz, fue definida por el legislador como ‘inoperante, incoherente e inconstitucional’ porque en su criterio no se puede mediante la presión forzar la dimisión de funcionarios elegidos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)
Según Borda, la exigencia de los opositores crearía una inestabilidad institucional en el país, además de afectar todo el proceso comicial del 20 de octubre, al que convocó el 27 de mayo el TSE.
Los actuales vocales del TSE fueron elegidos en un ejercicio de cinco meses que incluyó la emisión de la convocatoria, la evaluación y la elección en la ALP, explicó el presidente de la cámara legislativa.
Al denunciar que el Comité Cívico ‘está completamente politizado’, el portavoz cameral preguntó que si se produce la renuncia de los vocales, ‘¿quién lleva adelante el proceso electoral si el 20 de octubre van a ser las elecciones?’.
Sobre la actitud de los opositores que recurren a fuerzas externas para dilucidar problemas electorales internos, Borda criticó que esos grupos consideraban al secretario general de la Organización de Estados Americanos como ‘el salvador’, y lo transformaron en ‘enemigo’ después que este reconoció que debe respetarse la Sentencia 0084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Ese documento declaró ‘la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por encima de la Constitución, y que con ello hizo viable las candidaturas de las autoridades nacionales y subnacionales.
En la opinión del presidente de la Cámara de Diputados, lo que corresponde ahora es que las organizaciones políticas de oposición presenten sus propuestas y respondan al país qué harán con las medidas que aplicó el presidente Evo Morales.
Figuran entre estas acciones de justicia social la nacionalización de los recursos naturales y los bonos que benefician a los escolares y a las mujeres gestantes, así como el Sistema Único de Salud, que propicia atención médica gratuita y de calidad a los sectores menos favorecidos de la sociedad (51 por ciento), carentes de recursos para financiar un seguro de ese tipo