Malasia ha decidido abandonar el plan de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), según informaron medios locales. La familia real, liderada por el primer ministro Mahathir Mohamad, consideró que reconocer el Estatuto «viola la constitución federal de Malasia».
El país del sudeste asiático había prometido ser parte de la CPI y ratificar el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo donde se determinan los crímenes sobre los que el tribunal tiene competencia.
Los gobernantes de Malasia expresaron su preocupación frente al posible impacto que podría tener la CPI ante al poder y privilegios de la realeza malaya. «Parece que hay mucha confusión sobre el Estatuto de Roma, por lo cual decidimos no anexarnos al Estatuto», dijo Mahathir en una conferencia de prensa.
«Esto no se debe a que estemos en contra de adherirnos, sino a la confusión política causada por algunas personas con ciertos intereses sobre lo que representa ser parte de la CPI», dijo a The Star al primer ministro de Malasia.
El príncipe heredero de Malasia, Tunku Ismail Idris, tuiteó el 10 de marzo que el gobierno no había consultado a la Conferencia de Gobernantes cuando decidió adherirse al Estatuto de Roma, «y que el gobierno habría socavado la autoridad de sus gobernantes».
Ibrahim Ismail, Sultán de Johor, acusó al gobierno central de violar la Constitución al firmar el Estatuto de Roma. De igual manera, el líder de la oposición, Ismail Sabri Yaakob, presentó un proyecto de ley en el parlamento instando al gobierno a retirarse, pues el Estatuto afectaría la posición y la inmunidad del rey de Malasia, Yang di-Pertuan Agong.
La posición política de Malasia, que ha sido una monarquía constitucional desde 1957, parece estar guiada por la decisión del vecino país de Filipinas de salirse de la CPI, luego de que abrieran un caso en contra del presidente Rodrigo Duterte por su política para enfrentar el tráfico y consumo de drogas.
La CPI toma medidas contra individuos que han cometido alguno de los crímenes dentro de su competencia: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión contra la soberanía de un Estado. La Corte, establecida en 2002 y de la que hacen parte 122 países, inicia un proceso cuando un Estado no puede o no quiere judicializar a los criminales; por tal razón es considerado como un «tribunal de último recurso».