Si México ostenta el triste récord de 80 asesinatos diarios como promedio en 2018, según cifras divulgadas hoy, también está en los primeros lugares del mundo con desaparecidos al acumular 40 mil casos.
Este acto de violencia es muy angustioso para los familiares de las víctimas que en muy pocas ocasiones llegan a tener la certeza, con pruebas irrefutables, de que el ser querido desaparecido fue asesinado, y siempre viven con la esperanza de que aparecerá, aunque nunca deje de ser una lastimosa ilusión.
Tal es el caso, por ejemplo, de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se mantienen vivos en los sentimientos y los sueños de sus padres y hermanos. Lo más terrible para ellos es desconocer qué pasó, cómo los secuestraron, porqué los asesinaron y el alucinante cómo lo hicieron, en medio de qué espanto y sufrimiento.
La versión de que fueron víctimas de la propia policía que enfrentaba a un grupo de narcotraficantes, y que los metieron vivos en sus vehículos, en los hechos no pasó nunca de ser una hipótesis porque las investigaciones fueron inconclusas, oscuras, parciales y en lugar de arrojar claridad provocaron más confusión.
Han pasado casi cinco años desde aquel fatal 26 de septiembre de 2014 en Iguala, pero en esta ocasión el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador prometió ir esta vez al fondo del asunto caiga quien caiga, y a tales efectos creó una comisión de la verdad integrada por varias instituciones oficiales y familiares de los normalistas.
Pero Ayotzinapa es solo una parte de un problema mayor. En su última conferencia de prensa matutina el mandatario explicó los alcances del programa sobre la desaparición de personas que está en vías de ejecución y que por el momento encabeza Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, autor de la denuncia de que México se ha convertido en una fosa clandestina.
‘Se estima que actualmente existen 40 mil personas desaparecidas, más de mil 100 fosas clandestinas, alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y eso da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando’, según las descarnadas cifras de Encina.
En la filosofía de López Obrador la cadena de asesinatos y desapariciones está íntimamente relacionada con la corrupción y la impunidad que, a su vez son hijas de un régimen social de inequidad, discriminación, acumulación de riquezas, pobreza, falta de oportunidades y una desigualdad social brutal.
En consecuencia, más importante que buscar y atrapar al criminal es abatir las causas que genera la criminalidad aunque sin dejar de aplicar con el rigor necesario el peso de la ley sobre los culpables.
Para ello hay en marcha un plan nacional de seguridad y un rosario muy amplio de programas prioritarios y acciones federales para abatir la pobreza, y paralelamente uno específico para el tema de las desapariciones que Encinas resumió en 11 objetivos que ya se aplican con la colaboración de los familiares de las víctimas.
Entre estas figuran la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda, nombrar un nuevo titular de la comisión nacional creada, organizar otras 24 pero locales, ejecutar el presupuesto de 24 millones de dólares para este año, aplicar protocolos homologados con organizaciones internacionales especializadas y crear el Instituto Nacional de Identificación Forense.
Para ello el gobierno se propone una implementación real de la ley vigente que le permita establecer políticas públicas y procedimientos para la búsqueda, localización, identificación de las víctimas y los victimarios.
Tan importante como todo eso es la aplicación de la justicia y la tipificación del delito para actuar dentro del marco de la ley para definir la plena responsabilidad en los delitos de desaparición forzada.
Se espera que a partir del próximo viernes, con la elección del titular de la comisión nacional, esas medidas comenzarán a ejecutarse y que comience a desaparecer este brutal delito considerado el efecto más angustiante de la corrupción y la violencia en México