El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, Rafael Solís Cerda, renunció este jueves a su cargo.
El juez, hasta ahora aliado del gobierno nicaragüense, también anunció su dimisión de «todos los cargos políticos, incluida la militancia del (partido oficialista) Frente Sandinista de Liberación Nacional».
Solís notificó su decisión a través de una carta enviada al presidente Daniel Ortega, a su esposa Rosario Murillo y al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
En el documento, con fecha 8 de enero, el exmagistrado a modo de denuncia explica que su determinación obedece a los «graves errores» cometidos por la administración Ortega-Murillo y que ha hundido al país a una aguda y violenta crisis socio política desde el 18 abril de 2018.
“Siempre creí que la sensatez y la cordura se podía imponer en ustedes y proceder a una negociación política que permitiera el adelanto de las elecciones y algunos de los otros puntos planteados por la oposición pero la realidad ha demostrado todo lo contrario y verdaderamente un Estado de Terror con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales o aun de la Policía misma con armas de guerra, han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete», dice uno de los apartes de la misiva.
Solís afirma que su retiro del poder judicial “es independiente” de la decisión que tome la Asamblea Nacional.
El hasta entonces considerado operador político de Ortega en la rama judicial, aseguró que desde que inició la crisis, esperaba que se solucionara a través de un diálogo nacional.
“En tres diferentes ocasiones a lo largo de estos nueve meses pensé en enviarles la misma (carta), pero siempre tuve la duda que a través del Diálogo Nacional de la naturaleza que fuera y aún con más actores y mediadores, el Gobierno presidido por ustedes pudiera corregir los graves errores cometidos a lo largo de este período. Sin Embargo, finalizó el año 2018 y nada de eso ocurrió; más bien todo lo contrario: el gobierno fue endureciendo sus posiciones hasta llevarnos a un aislamiento internacional casi total y no veo sinceramente la más mínima posibilidad que ahora en el 2019 se retome un verdadero y nuevo diálogo nacional que logre la paz, la justicia y la reconciliación en nuestro país”, añadió.
El magistrado citó en el documento los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dan cuenta de la muerte de al menos 325 muertos, en su mayoría opositores, y los más de 500 presos políticos.
La noticia la confirmó en su cuenta de Twitter el fiscal Pablo Parenti, quien hace parte del (GIEI) que investiga los actos de violencia que se han registrado en el país centroamericano, al dar a conocer la misiva.