La agencia de noticias árabe Ma’an, de habla árabe, informó que la detención se extendió por otros cuatro meses el jueves. Un gran número de soldados israelíes allanaron la casa de Jarrar en la ciudad de Ramallah, Cisjordania, ocupada por el centro, ubicada a 10 kilómetros al norte de Jerusalén al-Quds, el 2 de julio del año pasado, y la arrestaron. Su esposo, Ghassan, dijo que las fuerzas israelíes se apoderaron de las computadoras durante la redada.
La agencia interna de espionaje de Israel, Shin Bet, más tarde anunció en una declaración que Jarrar fue arrestado junto con un activista palestino por «promover actividades terroristas», sin proporcionar más información.
Jarrar es uno de los críticos más abiertos de la ocupación israelí y ha criticado repetidamente las atrocidades del régimen de Tel Aviv contra los palestinos, informó Press TV.
El régimen israelí le ha negado al legislador el derecho a viajar fuera de los territorios palestinos ocupados desde 1988. Ella hizo campaña durante 2010 antes de recibir el permiso para viajar a Jordania para recibir tratamiento médico.
En agosto de 2014, Jarrar recibió una «orden de supervisión especial» del ejército israelí, que le ordenó abandonar Ramallah para vivir en la ciudad cisjordana de Ariha (Jericó).
Sin embargo, Jarrar instaló una carpa de protesta frente al Consejo Legislativo Palestino en Ramallah, donde ella vivía y trabajaba, hasta que la controvertida orden fue anulada más tarde en septiembre de ese año.
Las fuerzas israelíes arrestaron por última vez al legislador palestino el 2 de abril de 2015, después de asaltar su casa en Ramallah. Fue puesta en libertad el 3 de junio de 2016 con una sentencia suspendida de 12 meses en un período de cinco años.
Según los informes, un total de 13 legisladores palestinos se encuentran actualmente encarcelados en centros de detención israelíes. Nueve de ellos están recluidos sin juicio bajo la llamada detención administrativa, que es una política según la cual los reclusos palestinos se encuentran en centros de detención israelíes sin juicio ni cargos. Algunos prisioneros palestinos han estado recluidos en detención administrativa por hasta 11 años.