El año pasado fue Carles Puigdemont y su Gobierno quien homenajeó a Lluís Companys, el expresidente de la Generalitat fusilado por el fascismo hace 78 años. Ahora, con la mitad de su gabinete en el exilio y la otra en prisión, otros han cogido la rienda de las principales instituciones catalanas para evocar la figura de Companys y vincularla al actual escenario de represión del Estado.
Los dirigentes soberanistas han exigido acabar con los resquicios franquistas de las estructuras del Estado y han condicionado la negociación sobre los presupuestos del Estado a la retirada de cargos por parte de la Fiscalía contra los dirigentes encarcelados y exiliados.
Por su parte, Catalunya en Comú ha pedido la libertad de los presos y ha instado a los independentistas a actuar con responsabilidad para aprobar las cuentas. Mientras los socialistas, que cada año acuden al homenaje, ha reclamado gestos al secesionismo.
Los partidos soberanistas, acompañados de formaciones progresistas europeas, han insistido en la anulación de los juicios del franquismo, en el que también está el de Companys, para avanzar hacia la recuperación de la memoria histórica.
Por su parte, el Gobierno de España, ha rechazado de nuevo instar a la Fiscalía a rebajar las acusaciones con los presos independentistas.