El 26 de septiembre del 2014, un total de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero, fueron atacados por fuerzas de seguridad y desaparecidos forzadamente por llevar a cabo su derecho a la libertad de manifestación y asistir a la marcha del 2 de octubre, en conmemoración de la masacre de Tlatelolco, ocurrida en 1968.
En dicho enfrentamiento en el que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, solicitó apoyo de los policías municipales y de algunos miembros del cartel local Guerreros Unidos para frenar los supuestos disturbios y daños, debido al pensamiento crítico de los estudiantes, resultaron 25 personas heridas, 6 asesinadas y 43 desaparecidas.
El día del ataque, los 80 jóvenes que se conocen viajaban en buses que previamente habían secuestrado para llevarlos a sus escuelas como parte de un plan para asistir a la marcha que se efectuaría días más tarde, fueron interceptados por la policía, quienes habían atravesado una camioneta en la carretera.
Un grupo de estudiantes bajó de los buses para forcejear con los policías y pasar, otros huyeron a esconderse entre los vehículos que se encontraban adyacentes y el resto, que lo conforman los normalistas que no se bajaron de las unidades de transporte, fueron los que corrieron la peor suerte al ser detenidos por la policía de Iguala.
A pesar de que la noticia del ataque se expandió y los compañeros que aún estaban en Ayotzinapa acudieron al lugar junto a profesores para ayudar a los estudiantes heridos y escondidos en el camino, se perdió el rastro de los estudiantes detenidos.
Por otra parte, es importante destacar que las críticas al rol del gobierno de Enrique Peña Nieto, en cuanto a su actitud desinteresada e indiferente con la investigación de los hechos, han sido la tónica que han marcado estos últimos tres años en los que los atropellos físicos y morales contra los familiares no cesan.
El gobierno de Peña Nieto ha anunciado en reiteradas ocasiones que emprendería sanciones contra Venezuela por menoscabar la democracia y los derechos humanos en dicho país. No obstante, este caso pone en tela de juicio la autoridad moral del presidente mexicano quien no esclarece los actos de violencia, represión, corrupción, abusos de poder, impunidad y narcotráfico dentro de su nación.
Investigaciones no esclarecen los hechos
Hasta el día de hoy, el paradero de los normalistas sigue siendo no sólo un misterio, sino también un sufrimiento convertido en bandera de lucha para sus familiares, movimientos sociales y organizaciones que buscan los responsables del crimen para conocer la verdad sobre su desaparición.
A pesar de que unas 170 personas han sido detenidas durante la investigación, entre ellos 97 pertenecientes al cartel de narcotraficantes Guerreros Unidos, 54 policías municipales de Iguala y 19 agentes locales del vecino municipio de Cocula, a ninguno de los apresados se les ha abierto un proceso judicial. Luis Abarca, exalcalde de Iguala y su esposa María de los Ángeles Pinedas también forman parte de los privados de libertad.
El Gobierno mexicano mantiene que el grupo de los 43 estudiantes fue interceptado por la policía y entregado a miembros de bandas vinculadas al narcotráfico, quienes los mataron e incineraron sus cuerpos en el basurero de Cocula, una localidad cercana, para seguidamente recoger las cenizas y triturar los huesos restantes, meterlos en bolsas de plástico y arrojarlas al río San Juan. Sin embargo esta teoría ha sido desacreditada por algunos análisis científicos, debido a que en el basurero sólo se encontraron restos de un solo estudiante.
Los familiares de los otros 42 desaparecidos y los organismos defensores de derechos humanos se rehúsan a creer en la versión oficial debido a que la misma carece de un sustento científico y técnico, por lo que hoy día continúan exigiéndoles a las autoridades competentes el esclarecimiento de los hechos y castigo a los culpables.
Rastreo de los 43 revela decenas de fosas comunes
Más de 60 fosas comunes han sido descubiertas en el estado de Guerrero
En el curso de la investigación para ubicar a los 43 estudiantes desaparecidos en la localidad de Iguala, se han descubierto más de 60 fosas comunes en el estado de Guerrero, al sur de México.
Según documentos oficiales liberados a petición de agencias, han sido recuperados de esas fosas los restos de 129 personas, de las cuales y según información oficial, se ha podido determinar que 112 son hombres y 20 mujeres.
Sin embargo, ninguno de ellos se ha vinculado a los estudiantes desaparecidos.
Se cree que el número de fosas podría ser mayor debido a que la información otorgada a raíz de la petición, solo cubre instancias en las que participaron especialistas.
El costo que han tenido que pagar los mexicanos ante la falta de políticas que garanticen sus derechos humanos se ve reflejado en los más de 30 mil desaparecidos reconocidos por el Estado aunque organizaciones de derechos humanos aseguran que la cantidad real es superior. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México asegura que se denuncian apenas dos de cada 10 casos.
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¿Estado de derecho?
La comisión interamericana de derechos Humanos (cidH) publicó en su informe anual correspondiente al año 2016 que “las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana, y las barreras en el acceso a la justicia y la inoperancia en muchos casos con la impunidad resultante, han debilitado el Estado de derecho y constituyen desafíos urgentes”. actualmente, los elevados niveles de impunidad y corrupción que persisten en México repercuten en una difícil situación para las mujeres, niños, migrantes y defensores de los derechos humanos, además de los periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas, amenazas y hostigamientos, motivo por el cual México es considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, exceptuando aquellos que se encuentran en guerra.