Según los informes, el Fiscal General Jeff Sessions está considerando nombrar un segundo abogado especial para volver a investigar las presuntas irregularidades de la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, el ex director del FBI James Comey y la administración Obama en respuesta a las persistentes preocupaciones entre los republicanos.
Una carta que ha sido obtenida por el Washington Post sugiere que el Departamento de Justicia y su jefe Jeff Sessions podrían responder a una pregunta del presidente del Comité Judicial de la Cámara, Bob Goodlatte, para designar un segundo abogado especial para investigar una lista de asuntos que son de especial interés para los republicanos.
Tales asuntos incluyen el manejo del ex director del FBI James B. Comey de la investigación del FBI sobre el uso de Hillary Clinton de un servidor privado de correo electrónico para actividades comerciales del gobierno mientras se desempeñaba como Secretaria de Estado.
También podría analizar algunos de los tratados de la Fundación Clinton, en particular, el acuerdo de Uranium One de 2010, que fue aprobado por la administración de Obama.
La administración luego permitió que la agencia rusa de energía nuclear Rosatom adquiriera Uranium One, con sede en Canadá, que tenía importantes participaciones mineras en Estados Unidos.
El acuerdo se usa como un ejemplo de «Clinton tomando dinero ruso para influir en la política estadounidense», sin embargo investigaciones previas sobre el asunto no encontraron indicios de irregularidades, diciendo que no había evidencia de que Clinton hubiera participado en ninguna discusión sobre la venta. Además, la compra requirió la aprobación de varias agencias gubernamentales sobre las cuales el ex secretario de estado no tenía control.
El presidente Trump ha criticado en repetidas ocasiones al Departamento de Justicia por no hacer lo suficiente para investigar una variedad de preocupaciones conservadoras.
En respuesta a Bob Goodlatte, el Fiscal General Adjunto Stephen E. Boyd respondió que «las sesiones habían dirigido a los fiscales federales superiores a evaluar ciertos asuntos planteados en sus cartas».