“Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro”. Quien sentenció esto no fue el PSUV, el TSJ, ni un comité de víctimas de la violencia opositora. Quien lo dijo en 1985 fue la tan mentada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que defiende a capa y espada sus adláteres criollos.
En Venezuela se repite hoy lo que representó una constante histórica del siglo XX en la región, cuando de hacer justicia ante evidentes vulneraciones a la dignidad humana se trata. Responsables de graves violaciones a los DDHH, así como sectores interesados que les promueven, intentan imponer su pos verdad.
El caso del ultra derechista Freddy Guevara es un ejemplo emblemático de ello. El ayer promotor de crímenes atroces es hoy “huésped” en la embajada chilena en Caracas, a buen cobijo por parte del pinochetismo irredento, que sigue mandando en el país austral y lo recibe como un hijo.
Quien se vende al mundo como “perseguido político” debe responder a los tribunales por 124 muertos, el uso de niños y adolescentes para delinquir y la conspiración insurreccional contra un gobierno democrático (delitos que si hubieran ocurrido en Chile, serían sancionados sin clemencia).
El derecho que ampara a las víctimas de la violencia opositora, exige una decisión contundente de nuestras autoridades. Este prófugo de la justicia no debe recibir salvoconducto para abandonar el país como han hecho tantos otros. Sería un grave mensaje de impunidad, que nuestro Pueblo no está dispuesto a tolerar. Le toca al fascista Guevara convertirse en una especie de “Julián Assange” de la antipolítica. Y la sede diplomática chilena debe convertirse en su celda (por demás confortable). Sería al menos lo más próximo a la justicia en las condiciones dadas.