La justicia española confiscó 5,4 millones de dólares al ex presidente de la Comunidad de Madrid (2012-2015) Ignacio González, implicado en una trama corrupta de la empresa pública Canal de Isabel II, gestora del agua en esta capital.
Según informó hoy la radioemisora Cadena Ser, además de esos 5,4 millones de dólares (4,6 millones de euros) ocultos en diferentes cuentas en Colombia, la Audiencia Nacional (AN) de España decomisó diferentes inmuebles de González en ese país sudamericano.
El otrora mandatario regional salió el pasado miércoles de la prisión en la que se encontraba desde abril último, tras abonar 400 mil euros de fianza impuesta por la AN.
Fuentes citadas por la emisora de radio señalaron que la incautación del millonario botín resultó decisiva para permitir la libertad condicional del sospechoso, pues se reduce el riesgo de destrucción de pruebas o de fuga.
La Fiscalía Anticorrupción pidió prisión incondicional sin fianza para González por su implicación en la llamada operación Lezo, en la que se investigan presuntas irregularidades en la gestión del citado consorcio estatal, dirigido por él entre 2003 y 2012.
El antiguo gobernante madrileño fue arrestado el pasado 19 de abril como principal responsable de una organización criminal que involucra a funcionarios del ejecutivo regional y del derechista Partido Popular (PP) del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.
La justicia les imputa delitos de prevaricación, pertenencia a organización criminal, malversación de fondos públicos, blanqueo, fraude, cohecho, falsificación documental y corrupción en los negocios.
Los investigadores sospechan que la empresa pública del agua de la comunidad autónoma pagó sobreprecios y comisiones para la adquisición de compañías en Brasil y Colombia, lo que enriqueció a los gestores y desvió fondos del Canal de Isabel II.
En total, la trama pudo haber desviado 23,3 millones de euros a cuentas bancarias en paraísos fiscales a través de la compra por parte de Inassa, filial suramericana de Canal, del 75 por ciento de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes.
El mecanismo malversador, de acuerdo con el alto tribunal español, habría consistido en una premeditada sobrevaloración del precio de compra de las participaciones.
Este hipotético desfalco de millones de euros en la empresa de aguas capitalina puso contra las cuerdas a la agrupación conservadora de Rajoy, asediada por un sinfín de casos de corrupción.