El 24 de octubre, en el distrito Korolevskiy de Jitomir, comenzó la vista del caso contra el periodista Vasily Myravistskiy, antiguo director del periódico ucraniano Novaya Volna [Nueva ola], acusado de traición y actividades subversivas.
Vasily insistió en la recusación del juez, pero sus alegaciones fueron rechazadas y la vista se pospuso al 2 de noviembre. Acudió también a esa misma vista un grupo organizado de nacionalistas que trataron de provocar al acusado y presionaron, sin intención de ocultarlo, a los jueces. El destino de este joven socialista puede decidirse dentro de una semana, así que es el momento de recordar cómo la justicia ha tratado a otros periodistas que, en los últimos tres años y medio, han sido condenados a prisión.
La situación de la libertad de expresión en Ucrania ha cambiado radicalmente tras la tormenta política de 2014. El levantamiento político y el inicio de la “operación antiterrorista” en el este del país dieron lugar a la introducción de unos niveles de censura sin precedentes en el país, lo que permitió al Gobierno aplastar completamente a la prensa de la oposición, a la que, sin motivo real alguno, calificó de “quinta columna”. La persistente propaganda nacionalista y una institucionalizada persecución de los disidentes, unida al terror impune en la calle hicieron posible la abierta represión de los puntos de vista de la oposición, no solo en los medios de comunicación, sino también en blogs personales de personas relacionadas con la prensa. La violencia a la que se enfrentan es algo muy serio.
El 18 de marzo de 2014, poco después de la victoria de Euromaidan, un grupo de diputados del partido de extrema derecha Svoboda irrumpieron en las oficinas del primer canal de la televisión nacional y apalearon, delante de las cámaras, a su director, Alexander Panteleimonov, a quien obligaron a redactar y firmar su decisión. A lo largo de estos años, la ultraderecha ha realizado una campaña sistemática de ataques contra el editor del medio opositor Vesti y los promotores de la publicación. Además, el 5 de septiembre de 2016, los nacionalistas prendieron fuego públicamente a las oficinas del canal de televisión Inter. La policía puso en libertad a todos los participantes en el ataque, que estuvo a punto de causar víctimas mortales. A esto se suma la persecución al antiguo editor de Vesti, Igor Gruzhva, que ahora encabeza uno de los últimos medios independientes, el diario online strana.ua, al que se persigue por una serie de acusaciones.
En febrero de 2015, las autoridades detuvieron al corresponsal del canal de televisión 112 Ukraina, Ruslan Kotsaba, que había publicado en YouTube un vídeo en el que criticaba el reclutamiento forzoso en la zona ATO. Se acusó a Kotsaba de traición y se pedían 13 años de cárcel. El periodista pasó 524 días en aislamiento y fue puesto en libertad una vez que Amnistía Internacional hubiera organizado una campaña para declararle preso político y después de que 34 diputados del Parlamento Europeo firmaran una declaración en su defensa. Sin embargo, la Fiscalía General de Ucrania recurrió la puesta en libertad de Kotsaba y ahora se le acusa en otro caso y en un ambiente de presión sobre el periodista por parte de los neonazis del grupo C14 [Sich, vinculado a Svoboda], que opera en contacto con las autoridades.
Representantes del mismo grupo fueron acusados del asesinato del famoso escritor y periodista Oles Buzina, antiguo editor del importante diario ucraniano Segodnya, que fue tiroteado a las puertas de su casa el 16 de abril de 2015. Pese a que rápidamente se logró identificar a los sospechosos del crimen y de que se disponía de todas las pruebas, la presión de los nacionalistas forzó a la policía a poner en libertad a los acusados, bajo arresto domiciliario, lo que dejó el caso en un limbo.
Sigue sin resolver el asesinato del periodista Pavel Sheremet, víctima de una bomba colocada en su coche el 20 de julio de 2016 en el centro de Kiev. Antes de morir, se dice que estaba siendo seguido por representantes del regimiento Azov, de conocida ideología de extrema derecha.
El exdiputado del Partido Comunista de Ucrania y editor del periódico de izquierdas Rabochiy Klass [Clase obrera], Alexander Bondarchuk, fue acusado de publicar “artículos separatistas” y pasó nueve meses en prisión preventiva en Kiev. El caso contra él continúa. El editor del periódico de Transcarpatia Raboche-Krestyanskaya Pravda [La verdad de los trabajadores y campesinos], Anatoly Mayevsky pasó más de un año en la cárcel. Fue condenado por separatismo y recibió una pena de cinco años de libertad condicional revocable durante tres años.
a directora de la televisión de Odessa Novaya Volna [Nueva ola], Elena Glischinskaya, conocida por su participación en la lucha por la independencia a principios de los años 90, fue detenida el 29 de abril de 2015 y fue encarcelada acusada de separatismo y traición. Embarazada y madre de dos hijos, pasó más de un año en prisión, enferma. Los médicos diagnosticaron una hemorragia interna y anomalías en la placenta y exigieron hospitalización urgente, que, sin embargo, fue denegada. Finalmente dio a luz en prisión y fue enviada a Rusia en el marco de un intercambio de prisioneros.
El veredicto en el caso contra los periodistas Dmitry Vasilyets y Evgeny Timonin causó un verdadero shock. El 28 de septiembre de 2017, ambos recibieron una sentencia de nueve años de prisión por cargos de traición. El motivo de esta absurda y cruel decisión se debe al hecho de que los acusados supuestamente “crearon”, en Donetsk, un canal de YouTube, aunque no hay pruebas de que lo hicieran. Los periodistas esperaron dos años en la cárcel mientras las autoridades retrasaban el juicio de este polémico caso. Y es especialmente preocupante porque se produce en un contexto en el que los nacionalistas quedan sistemáticamente en libertad pese a las alegaciones de graves crímenes cometidos.
Todo indica que el caso contra Vasily Muravitsky acabará con un veredicto similar. Tampoco hay evidencias contra él, pero la experiencia con Vasilyets y Timonin demuestra que los tribunales no las requieren realmente para llegar a conclusiones preparadas. Bankova [el Gobierno de Kiev] pretende mantener a la sociedad en una atmósfera de locura y miedo y para eso es necesario mostrarles constantemente “enemigos de la nación” a los que intimidar. Sin embargo, en caso de condenar a Muravitsky, los nacionalistas necesitarán nuevas víctimas y para ese papel se volverá a elegir a personas que realmente no tienen culpa alguna. “Cualquier periodista puede estar en mi lugar. Hay una amenaza contra las actividades periodísticas en Ucrania, es una amenaza para cualquier periodista o bloguero. Cualquier opinión personal o la publicación de artículos en cualquier web o recurso informativo puede suponer cargos de alta traición y acabar con la libertad de información en el país”, recodó Muravitsky, que apeló a los periodistas a recuperar una solidaridad que hace tiempo se ha perdido.