Sin embargo, las mismas autoridades admiten que el riesgo está muy lejos de desaparecer, y la muestra de ello son los varios ataques o intentos de ataques registrados en los últimos meses, o los más de 30 proyectos de agresiones que han sido frustrados por las autoridades.
A este panorama se añade otro factor de riesgo: la pérdida de terreno del Estado Islámico (EI) en el Medio Oriente podría implicar un retorno de los numerosos franceses y europeos que actualmente combaten en ese grupo terrorista, un flujo que podría escapar del control gubernamental.
Solo de Francia, las cifras oficiales indican que alrededor de mil ciudadanos viajaron a Siria o Iraq para unirse al EI y unos 300 murieron, aunque estas estadísticas tienen un amplio margen de error. El ministro galo de Interior, Gérard Collomb, ha admitido en varias ocasiones que el país sigue bajo amenaza terrorista, pero también estima necesario salir de un estado de emergencia ‘que no puede durar para siempre’, una postura compartida por instituciones como el Consejo Constitucional.
Le derogación de ese régimen implica que las autoridades y las fuerzas de seguridad perderán un grupo de competencias excepcionales concebidas para garantizar la protección de la población en momentos de peligro, como ampliar sus posibilidades de vigilar el flujo de datos en Internet y las redes sociales en busca de amenazas potenciales.
Ante tal situación, el gobierno de Emmanuel Macron se propuso como prioridad aprobar una nueva legislación en materia de antiterrorismo capaz de garantizar la seguridad en un contexto de normalidad.
De acuerdo con la Presidencia de la República, la normativa permite ‘introducir en el derecho común disposiciones concretas, dirigidas y supervisadas para luchar de forma eficaz contra el terrorismo’, así como ‘reservar el estado de emergencia para circunstancias excepcionales’.
Ello incluye cuestiones como permitir a los prefectos locales el cierre de lugares de culto donde se difunda ideologías extremistas, o la instalación de perímetros de seguridad en sitios de grandes concentraciones de personas.
La ley también estipula los detalles para la vigilancia de los sospechosos, y otorga a los servicios de seguridad la potestad de acceder a toda la información sobre tráfico aéreo de pasajeros.
Mientras el gobierno defiende la estrategia escogida para salir del estado de emergencia, la nueva regla es rechazada por algunos partidos y organizaciones sociales, además de suscitar criterios encontrados.
Para unos, principalmente seguidores de la tendencia conservadora, la disposición es insuficiente para garantizar la seguridad en Francia y son necesarias regulaciones más estrictas.
En el lado contrario, muchos opinan que la ley solo significará el establecimiento de un estado de emergencia permanente y un riesgo para determinados derechos humanos.
De acuerdo con los detractores, sus disposiciones van demasiado lejos en temas de vigilancia y control social, lo que significa una amenaza para determinadas libertades individuales.
En este sentido, muchos recuerdan lo ocurrido en las manifestaciones de la primavera del 2016, cuando la policía prohibió a muchas personas salir a las protestas amparada en las medidas antiterroristas.