El Poder Judicial peruano prepara hoy las audiencias del juicio a 35 ex marinos por la matanza de 135 presos acusados o condenados por terrorismo, tras ratificar la decisión de juzgar el caso como crimen de lesa humanidad.
La Sala Penal Nacional desestimó anoche en tal sentido presiones políticas y mediáticas conservadoras para que considere la masacre solo como un caso de homicidio simple, lo que hubiera permitido la prescripción de la causa por el tiempo transcurrido.
Los acusados y políticos conservadores que los apoyan, alegan que cuando se cometió la matanza de reos amotinados en la isla presidio El Frontón, en junio de 1986, el Código Penal no contemplaba el delito de lesa humanidad.
Sin embargo, la corte decidió juzgar como crimen de ese tipo los delitos contra la vida y de asesinato con ferocidad imputados a los 35 miembros de la infantería de marina enviados por el gobierno del entonces presidente socialdemócrata Alan García.
Los jueces fundamentaron su decisión en el instrumento jurídico invocado por la fiscalía, del derecho consuetudinario internacional, que declara imprescriptible y perseguible el delito de lesa humanidad, independientemente de su tipificación.
Uno de los abogados de las familias de las víctimas, Carlos Rivera, saludó la decisión y dijo que significa que el caso es imprescriptible, por lo que nada impedirá que siga adelante hasta su culminación.
La fiscalía ha pedido condenas de 25 a 30 años de cárcel para los marinos, que son acusados de someter a sangre y fuego, derruir con explosivos el presidio, por lo que muchos presos murieron aplastados, y de dar muerte a los prisioneros.
El Ministerio Público tiene pendiente precisar los cargos y grados de responsabilidad de cada uno de los ex marinos y ha dejado abierta la posibilidad de llamar como testigo y eventualmente incluir en el proceso al ex presidente Alan García.
El ex gobernante solo reconoce haber ordenado restablecer el orden en los presidios donde protestaban miembros del grupo armado Sendero Luminosos y acusados de serlo, pero niega responsabilidad en lo ocurrido en el campo de operaciones.
Abogados y activistas defensores de los derechos humanos estiman que García debería ser también juzgado como autor mediato de la matanza de el Frontón y de las registradas en otras cárceles peruanas.