El conflicto comenzó el pasado martes cuando el ministro de Agricultura del país vecino, Blairo Maggi, anunció la prohibición de las importaciones de lácteos provenientes de Montevideo y denunció una supuesta triangulación, que fue rechazada de plano por el Ejecutivo uruguayo.
Nin Novoa calificó de hostilidad la política comercial del gigante sudamericano tras adoptar esa decisión de manera unilateral, e insostenible los argumentos empleados por la parte brasileña, los cuales, opinó, ‘también se contradicen con la legislación comercial mundial’.
Al respecto, razonó que la medida es ‘francamente violatoria de las normas’ de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en materia de plazos y condiciones para las licencias de importación y exportación.
Aunque el gobierno uruguayo es propicio al entendimiento, el jefe de la diplomacia no descartó recurrir a los órganos de solución de controversias del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la OMC.
«El ministro del Exterior estimó que la medida es resultado del lobby ganadero y lo que está sucediendo en Brasil, lo cual tiene más características políticas que comerciales», aseguró.
Un hecho llamativo de todos estos días es el silencio mantenido por las autoridades de Brasil, que el propio presidente, Tabaré Vázquez, reconoció al decir que ‘no ha recibido ninguna comunicación del gobierno brasileño’.
Vázquez rechazó los argumentos de Maggi sobre la posible triangulación y calificó de falso ese razonamiento y explicó que la venta de más leche a la nación vecina respondió al remanente del producto no vendido a Venezuela.
En igual sentido habló el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, al asegurar que toda la leche exportada se produce en su país y explicó que la balanza comercial favorece hoy a los brasileños por una diferencia de 200 millones dólares.
La víspera, al finalizar una reunión del Gabinete de Comercio Exterior, donde se analizó el conflicto por las licencias para la exportación de productos lácteos, Aguerre expresó que la decisión brasileña preocupa por la importancia de ese mercado para los productos nacionales.
Conocemos las asimetrías de ambos países, pero entendemos que no defendemos el derecho de nuestros conciudadanos si no tomamos las medidas que debemos tomar, manifestó.
La decisión aunó al sistema político uruguayo en ‘consonancia con los intereses superiores del país’, como pidió Vázquez, y desde la Cámara de Diputados los partidos políticos con representación parlamentaria demandaron revisar de forma urgente la medida unilateral brasileña.
Los legisladores se manifestaron sorprendidos por el anuncio y determinaron que afecta ‘severamente el comercio intra Mercosur’, revela las ‘graves carencias’ para prevenir este tipo de situaciones y va en contra del principio de constitución del bloque, el desarrollo del comercio y la complementariedad de los mercados.
También desde el movimiento sindical se consideró disparatada la medida y fue vista como un ‘golpe bajo e inadmisible’ al ser ambos países, junto a Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela (ahora suspendida), parte de ese mecanismo de integración.
Carlos Cachón, miembro del Secretariado Ejecutivo de la Central Única de Trabajadores PIT-CNT, señaló que el gobierno de Michel Temer está molesto ‘por nuestra oposición a la reforma laboral en su país’, con la que concuerda el Ejecutivo uruguayo.
Lo que nos están haciendo es un ‘chantaje por parte del gobierno de Brasil’ y advirtió que seguramente las consecuencias implicarán paros, restructuraciones y despidos porque es previsible suponer que las patronales trasladarán esto como pantalla, en las futuras instancias de los Consejos de Salarios del 2018.