Desde el principio de la crisis, el gobierno bangladeshí destacó que era un deber ayudar a los rohingyas, pero dejó claro a Myanmar y a la comunidad internacional que no era responsable del problema y reclamó ayuda para paliar las severa carga.
La propia primera ministra, Sheikh Hasina, afirmó que por razones humanitarias su administración adoptó todas las medidas necesarias para proporcionar refugio, alimentos y atención médica a esas personas.
‘Aunque no somos ricos, tenemos corazón. Después de todo, son seres humanos y no podemos arrojarlos a la bahía de Bengala’, expresó.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación no tiende a mejorar sino al contrario porque continúa el éxodo.
La región suroriental de Bangladesh, colindante con la vecina nación, está abarrotada de rohinyás, que llegaron a este país hambrientos, con graves problemas de salud y casi sin pertenencia alguna tras caminar durante días por selvas y montañas.
Solo por la destrucción de bosques, Bangladesh perdió más de 18 millones de dólares en poco más de un mes, según cifras divulgadas por el ministerio de Medio Ambiente.
La provincia de Cox’s Bazar no está en condiciones de recibir turistas, además, sus bosques y ríos están siendo dañados a un ritmo alarmante, advirtió Hasan Mahmud, presidente de la comisión parlamentaria que atiende a ese sector.
La mayoría de los refugiados no tienen combustible para cocinar o protegerse en las noches, de ahí que recolectan troncos de árboles con el consiguiente daño ecológico, subrayó.
Si la crisis no se resuelve pronto, afectará el turismo en la región, comentó al diario Dhaka Tribune el propietario de un hotel de Cox’s Bazar que prefirió el anonimato.
Ya muchos habitantes del área se quejan del aumento de los robos, la violencia y otros delitos, que atribuyen a los refugiados.
En el plano político el asunto también exacerbó los ánimos entre la gubernamental Liga Awami y el opositor Partido Nacionalista (BNP).
Este último aprovechó la situación para atacar al ejecutivo al acusarlo de debilidad frente a Myanmar y de fracasar en formar una alianza con potencias regionales e internacionales para presionar a Naipyidó.
Más allá fue Hefazat-e-Islam, una coalición de docenas de organizaciones islamistas que controlan más de 25 mil madrasas (colegios coránicos), al anunciar su disposición de lanzar una yihad (guerra santa) en Myanmar en respaldo de esa etnia, que también profesa el Islam.
Expertos coinciden en que la presencia de tantos refugiados por un largo período tendría un impacto negativo para la economía nacional de Bangladesh.
Los alimentos y artículos de primera necesidad aumentarán considerablemente de precios, advirtió el analista Mirza Azizul Islam.
El gobierno tendrá que revisar el actual presupuesto e incrementar los gastos, de lo contrario muchos proyectos serán paralizados por falta de dinero, estimó.
La emergencia humanitaria causó una crisis diplomática entre Naipyidó y Dacca, que incluso acusó a la vecina nación de impulsar una limpieza étnica contra la minoría musulmana.
Queremos mantener la paz y buenas relaciones con los países vecinos, pero no podemos aceptar estas violaciones a los derechos humanos, advirtió recientemente Hasina.
Al tiempo que busca una solución a la crisis en Myanmar, Bangladesh intenta evitar que el asunto provoque una desestabilización interna en momentos en que el país lucha contra el extremismo islamista y avanza en el plano económico.