Coincidiendo con el nuevo intento de Rusia por reiniciar la conversación sobre los puntos políticos de los acuerdos de Minsk, también representantes del Gobierno ucraniano, en este caso una asesora del Ministerio para los Territorios Ocupados y Refugiados, ha llamado la atención sobre las posibles consecuencias que el incumplimiento de los acuerdos podría tener para Ucrania. Sin un atisbo de crítica a la paralización del pago de las pensiones -que no solo contradicen los acuerdos de paz que Ucrania sigue defendiendo sino también la propia legislación del país- Ucrania solo trata de evitar represalias.
En este caso, Ucrania parece intentar evitar demandas ante los tribunales europeos por el impago de las pensiones a la población de Donbass, pagos que se interrumpieron en la práctica durante el verano de 2014 y oficialmente tras el decreto presidencial firmado por Petro Poroshenko ese mismo otoño. Desde entonces, a pesar de que el acuerdo de Minsk habla específicamente de la reanudación del pago de pensiones en Donbass, numerosos representantes ucranianos han manifestado abiertamente la negativa de Kiev a cumplir con ese compromiso. Ahora, el problema parece ser la posibilidad de que esa decisión pueda conllevar condenas de los tribunales europeos.
Por miedo a represalias
La asesora del Ministro de Ucrania para los Territorios Ocupados y Refugiados, Olesya Tsibulko, afirmó que la paralización del pago de las pensiones a residentes en Donbass por parte de Kiev puede suponer un número masivo de demandas ante la Corte Europea de Derechos Humanos. Así lo explicó la asesora el martes, 26 de septiembre, en una entrevista concedida al medio ucraniano Apostrophe.
“Las personas en los territorios fuera de control no han tenido más opción para conseguir su pensión que venir a Ucrania y engañar al Estado declarando ser desplazados internos. Ahora ha aparecido incluso un mercado negro en este engaño,” admitió Tsibulko.
La representante afirmó también que se trata de una política discriminatoria y predijo que las autoridades ucranianas recibirán “un montón de demandas ante la Corte Europea de Derechos Humanos de personas que no pueden recibir su pensión”.
En febrero, el coordinador de Naciones Unidas en Ucrania, Neal Walker, afirmó que la ONU está “seriamente preocupada y ha planteado repetidamente el tema de la terminación de los pagos de prestaciones sociales y pensiones”.
“En algunos casos, en los que se ha excluido a esa gente de la lista de pagos, estos actos incluso violan la legislación ucraniana, por no hablar del derecho internacional”, insistió.
En septiembre de 2016, la vicepresidenta del Parlamento, Irina Gerashenko, afirmó que el Gobierno ucraniano no reanudará los pagos de pensiones y prestaciones sociales a los residentes en Donbass. Gerashenko calificó de “almas muertas” a los pensionistas de la región.
En mayo de 2016, el viceprimer ministro de Ucrania, Pavlo Rozenko, proporcionó el dato de la deuda de Kiev con los residentes de Donbass por el impago de las pensiones. Según Rozenko, el Gobierno ha dejado de pagar pensiones y prestaciones sociales por valor de 10.000 millones de grivnas (algo menos de 400 millones de dólares según el cambio actual).