Ahora Martinelli, detenido en la ciudad de Miami, de dicho territorio, desde el 12 de junio, tiene ‘todos los escenarios abiertos’ para lograr que se reconozca que el suyo es un ‘caso político’, expresó Camacho.
También comentó que el exmandatario está bien física y anímicamente, pero lamenta su estado durante casi cuatro meses por ‘una situación injusta’.
El juez estadounidense Edwin Torres determinó el 31 de agosto en un fallo de 93 páginas la extradición a Panamá del exgobernante, requerido allá para enfrentar acusaciones de escuchas ilegales a opositores durante su administración (2009-2014) y otros cargos.
De acuerdo con el veredicto del magistrado, la petición de extradición panameña ‘satisface todos los requerimientos legales’, postura rechazada por la defensa del ex jefe de Estado.
Encontramos que hay base razonable para suponer que es culpable de todos o algunos de los delitos de los cuales se le acusa, consideró Torres en el documento.
Reportes de prensa recordaron entonces que el gobierno estadounidense podría frenar la extradición si quisiera, pues siempre tiene la última palabra, pero no es previsible que eso suceda.
Antes de conocerse la decisión del juez, los abogados defensores de Martinelli comunicaron que apelarían el fallo si se respaldaba la extradición.
Durante la audiencia anterior, el 23 de agosto, la fiscalía (en representación del gobierno de Panamá) y la defensa analizaron otra vez la retroactividad para los cargos.
Gran parte del debate se centró en el lenguaje utilizado en el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Panamá suscrito en 1904, especialmente en la cláusula que expone dicho tema.
A juicio del fiscal Adams Fels, la defensa, encabezada por Marcos D. Jiménez, hace una ‘interpretación acomodada’ del lenguaje de ese pacto con el fin de descartar la retroactividad.
Para la fiscalía, ‘lo importante es cómo Panamá y Estados Unidos validan la retroactividad’, en referencia a un documento del Departamento norteamericano de Estado que la avala.
Esa entidad afirmó el 4 de agosto que los cargos contra Martinelli están contemplados en el tratado de extradición y las convenciones multilaterales entre ambos países.
Los delitos de interceptación de telecomunicaciones sin orden judicial y el de seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización son extraditables, recalcó un documento firmado por Tom Heinemann, consejero legal del mencionado departamento.
En opinión de Jiménez, el lenguaje del tratado de extradición es simple, al señalar que ‘no aplica la retroactividad’.
No hay evidencia de que Martinelli comprase equipos para la interceptación de comunicaciones, sostuvo la defensa, aunque sus acusadores lo señalan como el jefe directo de las escuchas ilegales a 150 personas, entre opositores, periodistas y empresarios, de 2012 a 2014.
A inicios de 2015, el expresidente se autoexilió en Estados Unidos con un estatus migratorio que guardaba relación con su carácter de inversionista en este país.
La Policía Internacional emitió en abril Alerta Roja para la captura de Martinelli, quien se comunicaba con Panamá a través de redes sociales y videos a distancia, en los cuales insistía en su inocencia y ser víctima de persecución política.