Presionado por el creciente flujo migratorio y su impacto político, económico y social, el gobierno italiano vuelve hoy a la carga para tratar de frenar un fenómeno aparentemente indetenible, sin abandonar la política de salvar vidas en el mar.
El escenario en esta ocasión será la reunión del Consejo de Gestión de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia Costera y de Frontera, en su sede central en Varsovia, donde buscará la manera de modificar las reglas de juego de la Operación Tritón puesta en marcha en noviembre de 2014.
En ella participan 28 países de la región, aunque sólo 15 realizan contribuciones voluntarias para su funcionamiento, incluyendo Suiza que no es miembro de la Unión Europea (UE).
A diferencia de su antecesora ‘Mare Nostrum’, desarrollada por Italia con sus propios recursos para salvar vidas, la misión principal de ‘Tritón’ es proteger las fronteras aunque participa en actividades de socorro, con la condición de que los rescatados sean trasladados a puertos italianos.
Lo mismo sucede con las demás fuerzas y medios participantes en las tareas de rescate y salvamento, coordinadas por la Guardia Costera italiana.
Al principio, las unidades navales de Frontex, seis patrulleras y 12 de vigilancia, debían ubicarse en un límite de 30 millas náuticas de las costas italianas, margen que se incrementó a 138 al sur de la isla de Sicilia, en mayo de 2015.
Con el cierre de la ruta de los Balcanes y el acuerdo suscrito por la Unión Europea con Turquía, el Mediterráneo central devino la ruta principal para el desembarco de inmigrantes en el Viejo Continente y los puertos del sur de Italia el destino de más fácil acceso para los sobrevivientes de la peligrosa travesía.
El punto de partida en el 97 por ciento de los casos es Libia, donde operan con total impunidad redes de traficantes de personas al amparo del caos y la ingobernabilidad prevalecientes en ese país desde 2011, tras el derrocamiento y posterior asesinato de Muammar el Gaddafi.
De esa manera llegaron a Italia 181 mil 436 inmigrantes en 2016, con lo cual se quebró el récord de 170 mil 100 de 2014, al tiempo que se mantuvo la tendencia ascendente durante el primer semestre del presente año con el arribo de más de 85 mil hasta hace apenas cuatro días, según datos del Ministerio del Interior.
El 11 por ciento de los trasladados a puertos italianos en ese período fueron rescatados por ‘Tritón’, el 34 por ciento por organizaciones no gubernamentales, el 28 por ciento por la Guardia Costera italiana, el nueve por ciento por la Operación Sofía y el siete por ciento por diferentes barcos mercantes.
Ante la oleada de arribos de las últimas dos semanas, Italia lanzó un llamado urgente de ayuda a sus socios europeos, en los cuales encontró comprensión y hasta cierto punto apoyo, por parte de la Comisión Europea y de los ministros de Justicia y del Interior de la UE reunidos en Tallin, capital de Estonia.
Ese respaldo fue más visible en lo que respecta a la elaboración de un reglamento sobre la actuación de las ONG en las tareas de salvamento, así como en la asignación de recursos adicionales para reforzar los controles fronterizos en Libia y sus países vecinos, comopuntos de tránsito y partida de los potenciales inmigrantes.
Ninguno, sin embargo, se mostró dispuesto a abrir sus puertos para compartir con Italia la responsabilidad de la recepción, procesamiento, reubicación o repatriación de los migrantes.
Otros, como el presidente francés Emmanuel Macron, excluyeron de una eventual acogida limitada, a quienes abandonan sus lugares de origen por motivos ‘económicos’.
Los pertenecientes a esa categoría, según el propio jefe de Estado galo, representan el 85 por ciento del total de quienes arriban a Italia, procedentes fundamentalmente del África Subsahariana.
Según la agencia AGI, la propuesta italiana en la reunión de la capital polaca incluye modificar el despliegue y la distribución de las naves en el mar y los puertos; mayores controles sobre las operaciones de las ONG; obligar a las naciones que las financian a hacerse cargo de los inmigrantes que rescaten; y monitorear las aguas cercanas a Libia.
Mientras tanto, se acentúa la polémica en el ambiente político nacional en torno a la acogida de inmigrantes, la cual se debe acrecentar en la medida en que se aproximen las elecciones legislativas previstas para la primavera de 2018.
Los partidos de oposición critican severamente la política migratoria del gobierno, la cual vinculan de alguna manera a la propuesta de ley para el otorgamiento de la ciudadanía a los hijos de inmigrantes nacidos aquí.
Según un estudio de la empresa Ipsos publicado hace dos semanas por el diario Corriere della Sera, el 54 por ciento de los italianos se opone a la iniciativa impulsada por el gobernante Partido Democrático, lo cual contrasta con los resultados de otro sondeo realizado en 2011 cuando el 71 por ciento se manifestó a favor.
Por su parte, Gentiloni resumió la posición de su gobierno al concluir la reciente reunión de G20 en Hamburgo al destacar el papel de Italia en lo que respecta al salvamento y la acogida pero, subrayó, ‘al mismo tiempo, nuestros vecinos saben que este esfuerzo no puede ser ilimitado ni realizado sólo por nosotros’.