Su planteamiento es que los condenados puedan recibir el beneficio «por una vez» para tener la oportunidad de elegirse para cargos públicos.
El expresidente y exsenador de Colombia Álvaro Uribe Vélez clamó este jueves por la aplicación de una «amnistía» por una sola vez en su país, «para que los condenados o que llegaren a serlo, por hechos anteriores, puedan ejercer sus derechos políticos«.
El exmandatario hace esta petición en la misma semana en la que ha sido llamado a juicio por la Fiscalía, que lo acusará formalmente por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal.
En ese marco, el exmandatario emitió un comentario en la red social X para asegurar que no busca «perdones penales», sino que en su país se permita la participación política de personas que han sido procesadas.
«En Colombia le dieron elegibilidad política a responsables de delitos atroces como la violación de niños», se quejó el exmandatario conservador, en aparente alusión al proceso de paz que conllevó a la desmovilización de la guerrilla de las FARC y a la posterior incorporación política de los firmantes del Acuerdo con el Gobierno de Colombia.
Sin hacer mención directa a que esa posibilidad surgió de unas negociaciones en medio de un conflicto armado, Uribe consideró que debería haber el mismo beneficio para las personas condenadas por delitos comunes.
«Mis compañeros condenados, sin haberse robado un peso, carecen de derechos políticos. No pido perdones penales. Repito, debería haber una amnistía política por una vez, para que los condenados o que llegaren a serlo, por hechos anteriores, puedan ejercer sus derechos políticos», aseveró.
¿Por qué Uribe está llamado a juicio?
Esta semana, la Fiscalía de Colombia anunció que acusaría formalmente al exsenador, tras estudiar por varios meses la «evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados», en un caso de presunta manipulación de testigos.
Los orígenes del caso se remontan a 2012, cuando Uribe entabló una demanda en contra de su colega senador Iván Cepeda Castro, quien en un debate parlamentario presentó testimonios de exparamilitares que vincularon al expresidente con las Autodefensas Unidas de Colombia.
Esto derivó en que la Corte Suprema de Justicia se inhibiera de abrir una investigación en contra de Cepeda y, por lo contrario, inició una indagación contra Uribe por soborno y fraude procesal. Su colega, además, fue declarado por el juzgado como víctima.
Del mismo modo, se estableció como hipótesis que el expresidente podría estar falseando información, al encontrar evidencia de posibles presiones ejercidas por Uribe y sus abogados contra los testigos que accedieron a conversar con Cepeda.
El proceso siguió su curso en esa instancia hasta agosto de 2020, cuando Uribe renunció a su curul en el Senado y perdió su inmunidad parlamentaria, lo que significó que la máxima corte judicial colombiana ya no era apta para juzgarlo y su causa quedara a cargo del Ministerio Público.
Entre esa fecha y 2023, la Fiscalía intentó en vano que la causa se archivara, pero en noviembre pasado, el Tribunal Superior de Bogotá dictaminó que el caso contra Uribe debía seguir adelante.